Por Pablo Blázquez y Carmen Gómez-Cotta

España está muy lejos de cumplir con los objetivos establecidos en Kioto. ¿Qué estamos haciendo mal?

España ha asumido en estos últimos años un sobreesfuerzo importante en comparación con otros países de nuestro entorno. Y entendemos que esto nos permite establecer de modo temprano las bases que faciliten la transición a una economía no intensiva en carbono, sentando unos pilares sólidos que permitan un modelo energético más eficiente, desacoplando el crecimiento del PIB del crecimiento de la demanda de la energía, promoviendo el ahorro y la eficiencia energética, así como el incremento de las energías renovables.

España cumplirá con Kioto. Si bien no podremos hacerlo, como nos hubiera gustado, exclusivamente a partir de medidas domésticas porque España debe acudir a los mercados internacionales de carbono. El Gobierno, sin embargo, ha puesto en marcha una estrategia que permite convertir esta necesidad en una buena oportunidad para aprender sobre su funcionamiento y potencial; sobre las necesidades de mejora; una buena oportunidad también para contribuir a apoyar un nuevo modelo de crecimiento con un patrón de sostenibilidad mucho más elevado que constituya, también, una oportunidad para nuestras empresas con capacidad de invertir y desarrollar actividades en los campos de las energías renovables, la eficiencia energética, la gestión sostenible de los residuos, etc.

Me gustaría recordar que la anterior legislatura permitió fijar las bases sólidas de estas líneas de trabajo en materia de cambio climático, y ahora debemos profundizar en esta dirección implicando a todas las administraciones, pero también al sector privado y, muy especialmente, a la opinión pública para preservar la competitividad, la cohesión social y la creación de empleo. Para ello, la Comisión Delegada para el Cambio Climático aprobó el pasado 17 de julio seis Líneas Estratégicas que incluyen actuaciones de todos los Ministerios y facilitarán la coordinación y cooperación con otras Administraciones Públicas.

Estas acciones se desarrollarán en los próximos dos años, reforzando medidas en los sectores con mayor potencial de reducción de emisiones que tiene España, como son la movilidad, la edificación y la sostenibilidad energética, además de la adecuada gestión y prevención de residuos y estiércoles, la política forestal y los sumideros y ejes importantes en innovación y desarrollo tecnológico.

Las organizaciones ecologistas han criticado la reducción de la tramitación medioambiental prevista en las medidas contra la crisis económica. ¿Se está convirtiendo el medio ambiente en la primera víctima de la crisis?

La propuesta presentada en el Consejo de Ministros del pasado mes de agosto consiste en una serie de medidas tendentes a mejorar la eficacia, y esto me gustaría subrayarlo, en la tramitación de los procedimientos de Evaluación de Impacto Ambiental. Y esa mejora de la eficacia se ha a hacer de tal forma que, sin rebajar las garantías medioambientales ni la rigurosidad de las DIAs,  se pueda agilizar su tramitación. No olvide que muchas veces se señala a la administración como lenta en su actuación.

Déjeme recordar que las medidas propuestas incluyen, en primer lugar, incrementar la transparencia del procedimiento. Y para ello se pone a disposición del público en general, en la página web del MARM, todos los expedientes en tramitación con indicación de: fase de trámite en que se encuentren en cada momento, fecha de comienzo de la fase de trámite, fecha prevista de terminación de dicha fase según plazo legal establecido o, en su caso, plazo teórico y órgano responsable de la tramitación  (Órgano Ambiental, Órgano Sustantivo o Promotor).

También se propone el impulso de la tramitación telemática, a través de las diferentes aplicaciones puestas en marcha del actual proyecto SABIA (Sistema de Acceso a las Bases de Información Ambiental), lo que permitirá al mismo tiempo abrir un canal de información y participación para todos los agentes que intervienen en el proceso de evaluación ambiental.

Otras medidas incluyen además el establecimiento de plazo en aquéllas fases del procedimiento en las que no está determinado y la activación de Comisiones bilaterales de Seguimiento con los órganos sustantivos y promotores así como una mayor coordinación con las CC.AA.

Insisto, la aprobación de estas medidas en ningún momento significa que se rebajen las exigencias ambientales que por otro lado, están reguladas de manera exhaustiva por una Directiva comunitaria.

El Gobierno ha situado las energías renovables en el centro de su estrategia energética. ¿Puede un país con la dependencia energética de España prescindir de la energía nuclear?

La reducción de la dependencia energética se puede abordar mediante diferentes opciones. Por un lado, hay que reducir la demanda de energía sin que esto tenga impactos negativos en el crecimiento económico del país. En este sentido, el Gobierno ha apostado decididamente por el ahorro y la eficiencia energética. Por otro lado, esa menor demanda energética debe ser suministrada con tecnologías que reduzcan nuestra dependencia exterior y que tengan un menor impacto ambiental que los actuales combustibles fósiles. En este caso, es verdad que no existe consenso a nivel mundial sobre la mejor solución tecnológica, si bien las energías renovables de uso sostenible presentan numerosas ventajas y un enorme potencial de crecimiento, tanto en España como a nivel mundial. España ha apostado por esta opción, situándose en una posición de liderazgo en algunas de estas tecnologías con una política de fomento que sirve de ejemplo a otros países.

Estas apuestas han supuesto un cambio en el modelo energético español cuyas consecuencias empiezan a percibirse: la intensidad energética en España se ha venido reduciendo paulatinamente en los últimos tres años. Además, estas políticas están en línea con las actuales políticas en materia energética en la Unión Europea, donde se está discutiendo el establecimiento de objetivos ambiciosos para el horizonte 2020, tanto en eficiencia energética como en energías renovables.

¿No debería el Gobierno impulsar el debate científico sobre la energía nuclear?

En el año 2006, el Ministerio de Industria ya abrió una mesa de dialogo sobre la energía nuclear en cuyas conclusiones se destacó la resolución de estos y otros aspectos para que la energía nuclear de fisión pudiera ser una opción de futuro, y el Gobierno español está trabajando para que las centrales actuales tengan la máxima seguridad posible. En esas mismas conclusiones se destacó la importancia de la realización de un análisis a largo plazo de la estrategia de suministro eléctrico en España, que permitiera sentar las bases del futuro modelo energético con elementos científicos, y en ese análisis está trabajando también el actual gobierno.

El litoral español ha sufrido gravemente el impacto de la construcción incontrolada. ¿Se va a impulsar desde su Ministerio una estrategia nacional de sostenibilidad que proteja el entorno de estos excesos?

Primero me gustaría recordar el marco competencial, para ver la situación en su contexto. La Ley de Costas de 1988 establece que la servidumbre de protección recaerá sobre una zona de 100 metros, medida tierra dentro desde el límite interior de la ribera del mar, y prevé la posibilidad de ampliar la extensión de esta zona cuando exista acuerdo entre la Administración del Estado, la Comunidad Autónoma y el Ayuntamiento correspondiente, hasta un máximo de otros 100 metros. No obstante, en los terrenos clasificados como suelo urbano, a la entrada en vigor, de la Ley la medida de la servidumbre de protección será de 20 metros. Y la competencia para las autorizaciones para la ocupación de la servidumbre de protección corresponde a las Comunidades Autónomas, tal como señaló el Tribunal Constitucional.

Con este marco competencial el Ministerio de Medio Ambiente y Medio Rural y Marino ha tratado de impulsar una estrategia para proteger la franja litoral de la presión urbanística. Es por ello que hemos impulsado un plan de deslindes para delimitar los bienes que integran el dominio marítimo-terrestre, y establecer la servidumbre de protección de 20 o 100 metros en función de su calificación urbanística a la entrada en vigor de la ley; convenios de Gestión Integral de litorales, como los alcanzados con Asturias, Islas Baleares, Islas Canarias, Cantabria, Galicia y Valencia; un programa de adquisición de fincas para su incorporación al dominio público y para proteger espacios de elevado valor ecológico o sometido a presiónes urbanísticas, colindantes. Y en los últimos meses se han remitido a casi todas la Comunidades Autónomas litorales propuestas avanzadas para desarrollar conjuntamente, planes de gestión integrada de las zonas costeras. Todas estas medidas, quiero recordarlo, tienen como objetivo frenar el deterioro del litoral y su entorno para lograr un desarrollo sostenible. Y solo será posible alcanzarlo si todas las Administraciones con competencias en la franja litoral se unen para aprobar unos planes de gestión integrada sostenibles.

¿No cree que en el Consejo Estatal de la Responsabilidad Social la Administración Pública tiene un peso excesivo?

Quiero recordar que el Consejo Estatal de la Responsabilidad Social está adscrito al Ministerio de Trabajo; y que es un órgano colegiado asesor y consultivo del Gobierno compuesto de forma paritaria por empresarios, trabajadores, organizaciones sociales y administraciones públicas (central y autonómica) con el objetivo de estimular que las empresas sean socialmente responsables, respetuosas con el medio ambiente, con los derechos de los trabajadores y los criterios de igualdad.

¿Cómo se puede fomentar la Responsabilidad Social desde el Ministerio de Medio Ambiente y Medio Rural?

La inversión en políticas ambientales y la identificación en nuevos nichos de negocios, asociados a la sostenibilidad ambiental de las empresas, forma parte de las cuestiones más importantes para que éstas ganen competitividad en el largo y medio plazo. Por eso creo, que el hecho de cada vez más las empresas integren tanto a nivel organizativo como a nivel de reflexión estratégica este tipo de cuestiones, resulta esencial de cara a dar ejemplo y mostrar que es posible innovar y mantener posiciones de liderazgo, invirtiendo cada vez más y mejor en medio ambiente.

El Ministerio ha venido apoyando este enfoque ante las empresas con multitud de actuaciones concretas, con el trabajo continuado con ellas, con la firma de acuerdo voluntario en algunos sectores. Y quizás de manera más reciente y significativa, nuestra colaboración ha sido la de ofrecer una plataforma para dar a conocer ante la opinión pública y con el respaldo de disponer de un sistema de verificación independiente, las medidas de reducción de emisiones de gases de efecto invernadero que voluntariamente estén dispuestas a asumir aquellas empresas con instalaciones, con actividad, al margen del sistema europeo de comercio de derechos de emisión. Es decir, una plataforma informativa que refleje un sistema voluntario de reducción de emisiones para aquellas empresas que no estén sometidas a esta Directiva. A nuestro juicio una mayor participación y difusión de las empresas en iniciativas como éstas puede tener un recorrido muy extenso.

¿Cuáles son las asignaturas pendientes en la concienciación medioambiental de los ciudadanos españoles?

Los problemas ambientales adquieren cada vez más peso en nuestra sociedad. Nos enfrentamos a grandes retos, pero también sabemos que disponemos de los recursos y capacidad para afrontarlo con éxito. Uno de los elementos más importantes para lograrlo es, precisamente, el papel que pueden desempeñar los medios de comunicación y la opinión pública en ese "cambio de hábitos". Los periodistas y los medios pueden dar mayor peso a la información ambiental con un trabajo serio y constructivo lejos de los catastrofismos que permita tener a una opinión pública bien informada capaz de exigir a sus responsables políticos más medidas encaminadas hacia una sociedad más sostenible. Todos tenemos que seguir trabajando y las administraciones públicas, desde la central hasta la local, debemos dar ejemplo hacia comportamientos y modelos más eficientes y ambientalmente responsables.

Compártela :