Un portavoz del ministro de Finanzas de Reino Unido, Alistair Darling, ha  manifestado su "satisfacción por el acuerdo conseguido". Londres había expresado su preocupación por la posible pérdida de la "soberanía presupuestaria", cuando la actuación para salvar alguna entidad tuviera implicaciones para las arcas públicas.

  La fórmula que se ha encontrado para arbitrar las posibles diferencias entre los supervisores es realmente compleja. Será el Consejo de Ministros de Economía de la UE quien decida si los acuerdos adoptados que tengan efectos presupuestarios son los adecuados, adaptando diferentes sistemas de votación para su aprobación o revocación, según los casos.

  El objetivo es que el nuevo sistema de supervisión financiera de la UE -formado por una Autoridad Bancaria, una Autoridad de Seguros y Pensiones y una Autoridad de Mercados Bursátiles- entre en vigor en el curso del próximo año.

  El acuerdo, que volverá a ser analizado por el próximo Consejo Europeo de mediados de diciembre, está todavía pendiente de su aprobación por el Parlamento Europeo, donde ya se han manifestado ciertas voces de rechazo.

  La vicepresidenta y ministra de Economía, Elena Salgado, se ha mostrado satisfecha con el acuerdo "porque para nosotros era importante contar con la participación del Reino Unido, por tener el principal mercado financiero de la Unión".

  Por su parte, la ministra de Finanzas de Francia, Christine Lagarde, ha reconocido que "el proceso ha sido laborioso, pero creemos que hemos hecho un progreso real en la supervisión financiera y bancaria".

  El Consejo aprobó ayer la creación de las tres autoridades mencionadas para la vigilancia directa de las entidades. El objetivo es asegurar la existencia de un marco único de supervisión en la UE que deberán ser aplicadas igualmente por todos los Estados miembros; garantizar una cultura de supervisión común consistente en prácticas comunes; asegurar la recogida de información microprudencial; asegurar la coordinación en las situaciones de crisis y emplear plenamente todos los poderes europeos para controlar las agencias de calificación.

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